En el año 2018, las mujeres experimentaron un resurgimiento de sus causas y luchas en defensa de sus derechos; si bien la abrogación del anteproyecto del Código Penal fue un duro golpe contra la demanda histórica feminista de ejercer sus derechos sexuales, sin más límites que sus propias decisiones sobre el cuerpo, primer territorio donde las mujeres debaten la autonomía sin más voluntad y permiso que el derecho a la autodeterminación.

Las feministas, activistas y defensoras de los derechos de las mujeres se fortalecieron en sus organizaciones y redes, entendieron que cada vez que avanzan, el patriarcado recrudece sus reacciones y redobla sus mecanismos de control para que nada cambie. Sin embargo ya nada podrá detener el avance de las mujeres a mejores condiciones de vida, cada día, ellas y sus organizaciones asumen la tarea de no callar y continuar sus caminos en contra de las fuerzas conservadoras que amenazan con arrebatarles sus derechos conquistados.

Parte de este diagnóstico es la ruptura del silencio que hacen las mujeres quienes vivieron en situaciones de violencia y hoy denuncian a sus agresores, toman las calles exigiendo una administración de la justicia, imparcial y transparente, exenta de sesgos de género, en el marco de la debida diligencia que no solo representa y defiende a las víctimas, sino que aboga por la restitución de sus derechos.

Las cifras de la violencia siguen avergonzando al Estado Plurinacional y a los administradores de la justicia; una investigación realizada en dos ciudades: El Alto y Santa Cruz de la Sierra por el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, da cuenta que de cada 100 mujeres, 75 reconocen haber vivido situaciones de violencia machista, cantidad de mujeres que se incrementa a 87, cuando el dato refiere a mujeres divorciadas, solteras, viudas o abandonadas. La misma investigación indica que de ese universo de mujeres agredidas, un 67 % denunció a su agresor, de las cuales un 35 %, obtuvo algún tipo de sentencia, mientras que un 56,4 % está sin sentencia.

Desde el 9 de Marzo del 2013, fecha de promulgación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Digna de Violencia, Ley 348, hasta diciembre del 2018, se cometieron alrededor de 555 feminicidios y Santa Cruz es un departamento que se encuentra entre los primeros, en índices de violencia y feminicidios.

La crueldad aplicada a los cuerpos femeninos como una orden del mandato masculino se puso en evidencia a través de una arremetida de los grupos anti-derechos, los cuales pretenden llevarnos a los tiempos remotos del pecado de “Adán y Eva” como la explicación más lógica de los roles tradicionales que debemos seguir no solo cumpliendo, sino perpetuándolos como la panacea contra los males del avance tecnológico y del mal llamado progreso.

La lucha por el derecho al aborto no es un capricho, es una respuesta a las mujeres quienes pierden la vida por someterse a abortos inseguros, donde se les niega el derecho universal a la salud. Los datos son irrefutables, según el IPAS se practican entre 40 a 60 mil abortos al año, siendo éste, la tercera causa de la muerte materna en el país. Por lo tanto el aborto es un tema de justicia social, de salud pública y es un tema de discriminación por el simple hecho de ser mujer.

La violencia machista y en razón de género es un tema estructural en Bolivia, el cual exige la intervención del Estado para su prevención y erradicación. Como expuesto en el Plan Estratégico Institucional de ONU Mujer, “el acceso a una justicia oportuna, transparente, efectiva, imparcial y no selectiva sigue siendo un desafío grave en la región, es especial para las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Las fallas en los sistemas judiciales de los países de la región incluye no solamente la falta de acceso a la justicia sino, además, la ausencia de independencia judicial y del Ministerio Público y otras debilidades, como la politización del Sistema de Justicia, las fallas en la accesibilidad y NO discriminación; la falta de información, transparencia y rendición de cuentas, las impunidades”.

Sin embargo, y para beneficio de las mujeres, hoy ocupan mayores espacios públicos, existen pequeños y medianos emprendimientos empresariales conducidos acertadamente por mujeres quienes se plantean el empoderamiento económico, como medio para alcanzar su independencia. Las jóvenes universitarias compiten con los jóvenes en carreras que tradicionalmente fueron consideradas de exclusividad masculina.

El aborto como derecho de las mujeres se lo debate públicamente, las diversidades sexuales hablan de sus derechos y de su dignidad para exigir justicia y el fin de la exclusión y la opresión; los derechos sexuales son un tema de debates y de reflexión constante y la lucha de la población LGTBQ se unió a las causas y luchas de las mujeres y feministas que propician los cambios necesarios para una vida con más empatía y respeto con la otredad.

Aunque no todo es avance, las leyes que se han promulgado y están para proteger los derechos de las mujeres y prevenir, atender y defender jurídicamente a las sobrevivientes de la violencia, no se cumplen, el Estado no dispone de presupuestos sensibles y comprometidos con la erradicación de la violencia y el respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y poblaciones con identidades genéricas diversas a la heterosexual.

Cada vez que las mujeres avanzan, surge una arremetida contra sus derechos y un afán por reposicionar los temas tradicionales que mantienen a las mujeres sujetas al espacio doméstico y privado del hogar; se vuelve a ensalzar a la familia como el bien mayor a defender, sin considerar que es en el seno familiar donde ocurren las mayores violaciones a los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes; las iglesias sin empacho salen a defender a las familias tradicionales, rechazando cualquier otro intento de construcción familiar, a partir de las nuevas formas de quererse, respetarse y consolidar un grupo de familia que no necesariamente concuerda con la figura de papá, mamá e hijos.

La igualdad jurídica y de oportunidades entre mujeres y hombres, con sus luces y sombras avanza hacia la construcción de una sociedad democrática con plena participación de las mujeres y todas las diversidades que fueron mantenidas al margen de cualquier ejercicio de poder y/o definiciones políticas que luego afectan a toda la comunidad y el país. El camino de ese avance está lleno de obstáculos, aunque se reconoce que en la medida que las mujeres avanzan hacia el ejercicio pleno de sus derechos, los hombres también se benefician y dejan de ser los únicos proveedores de recursos para sus familias.

Las mujeres de Santa Cruz, como en cualquier sociedad, tienen prácticas que podrían ser calificadas de buenas o muy buenas, aunque no siempre son las mismas, existe una diversidad de prácticas caracterizadas por procesos participativos que ocurren en el día a día, de una comunidad, barrio, distrito o pueblo indígena, procesos dirigidos a satisfacer una necesidad colectiva.

La mayoría de estas prácticas ocurren en el plano de los gobiernos municipales, donde las mujeres tuvieron la iniciativa de elaborar una estrategia de incidencia política, logrando resultados beneficiosos para toda la comunidad, sin discriminar a nadie. Los procesos de incidencia, llevados a cabo por las liderezas mujeres, tienen además, la particularidad, de ser incluidores, nadie está por demás, todos, todas y todes cuentan, la iniciativa se planifica desde una apuesta estratégica que contiene un enfoque de derechos individuales y colectivos, la perspectiva de género (en algunos casos), aunque se insista en la participación de las mujeres, no siempre se responde a una apuesta estratégica sobre el posicionamiento de las mujeres en el uso del poder o su participación en la toma de decisiones.

En todo caso, lo que se pretende con este estudio es sistematizar las buenas prácticas en tanto, sean replicables y demuestren el desenvolvimiento de una estrategia de las mujeres organizadas, ante su gobierno local, además, que éstas sean replicables en cualquier otro municipio del departamento.

Financiado: Embajada de la República de Alemania.

LA JUSTICIA AL REVÉS

Casa de la Mujer

1, diciembre de 2020

Hace algunos años atrás, Eduardo Galeano, escritor de los pensamientos liberadores latinoamericanistas, escribió el libro “Patas arriba, el mundo al revés” para referirse a la situación a la cual llegamos con la sociedad del consumo, donde las desigualdades tienen sus propios productos: la injusticia, el machismo, la misoginia, la homofobia, el racismo, el odio y la impunidad como manifestaciones de un poder destructivo que pretende desconocer los derechos conquistados por los movimientos sociales, en luchas que implicaron la pérdida de vidas humanas.

Resulta que mientras en los tribunales de la justicia se libera a un acusado de delitos sexuales (abusos y violaciones sexuales en serie) Claudio Américo Caiguara quien, aprovechándose de su poder de tutor de decenas de niñas y niños en las Aldeas del Padre Alfredo, abuso y violó sexualmente a niñas quienes después de crecer, decidieron romper el silencio y denunciar a su agresor, este individuo fue puesto en libertad. Juzguen ustedes la contradicción, se libera de responsabilidades a un acusado de violación a niñas huérfanas y se empieza una “cacería de brujas” contra activistas defensores de los derechos sexuales y los derechos a la salud reproductiva que tenemos las personas, sin discriminaciones de ninguna clase.

Se acosa, se persigue, se acusa a compañeras y compañeros quienes asumen públicamente una posición de defensa del derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y brindan información legitima y legal sobre los alcances y contenidos de la sentencia constitucional 206- 2014, sobre el derecho de las mujeres a interrumpir legalmente sus embarazos (aborto). A los poderes establecidos les incomodan las rebeldías y las amenazas de desmontar toda la estantería de mentiras y odios a las diferencias que armaron para amedrentar y acallar las voces de libertad y soberanía de las personas para autogobernarse, sin injerencias ajenas.

Otra perla de la injusticia; un joven pastor socapado por sus padres pastores, violó a una menor de edad y los administradores de la justicia consideraron que éste, debía defenderse en libertad, el mismo caso, un trabajador petrolero viola a una joven provocándole una lesión en su cadera y los administradores de la justicia consideraron que el autor, debe defenderse en libertad, mientras la joven, cada día, pierde motricidad en su cadera

A los antiderechos que se esconden detrás de la biblia, les pedimos que se hagan cargo de las decenas de denuncias de pedofilia, violencia sexual, embarazos forzosos y abortos inseguros que propiciaron. Erwin Bazán vocero de la iglesia católica, debe explicar la razón de la impunidad reinante, en casos relacionados con voceros de la biblia, además, del beneficio de libertad a favor de estos criminales que atentan contra los cuerpos de las niñas, adolescentes y jóvenes. Un individuo que ocupa un curul en la Asamblea Legislativa Plurinacional, es un servidor público y está obligada a cumplir la Constitución Política del Estado y todo su ordenamiento jurídico nacional.

Al asambleísta Bazán le hace falta un baño de constitucionalidad para aprender cuáles son sus deberes y competencias

Repudiamos las injusticias.

Condenamos la persecución selectiva contra nuestras compañeras, compañeros y compañeres.

Rechazamos el control y manipulación de nuestros cuerpos y los cuerpos de la otredad.

Advertimos estar alertas para salir en cualquier momento a defender el derecho a decidir.

Solidaridad y lucha con nuestras, nuestros y nuestres compañeras/os/es.

REPUDIO A LOS CRIMENES DE ODIO

En el Día Internacional de las Memorias Trans, la organización “Población de Mujeres trans Santa Cruz” levanta su voz para una vez más, denunciar los crímenes de odio, la intolerancia expresada en violencias físicas, verbales y psicológicas que las mujeres trans soportamos en las calles, en los lugares públicos y privados, allá donde lleguemos en busca del espacio que por derecho humano nos corresponde, allá mismo, sufrimos el impacto de la doble moral y la hipocresía de “pseudo honorables ciudadanos” quienes en los contextos heterosexuales, descargan en lxs más discriminadxs, el odio, el morbo y sus frustraciones sexuales.

Nadie podría imaginarse el dolor, el sufrimiento, la humillación y el desprecio que soportamos las mujeres trans condenadas a ejercer el trabajo sexual para sobrevivir, en una sociedad que usa nuestros cuerpos para después castigarlos de las peores maneras. La gente nos mira como si quisiera matarnos, nos deja escuchar sus burlas, sus comentarios y sentir su rabia: muchas compañeras ya no están entre nosotras, pagaron con su vida, el derecho a ser ellas mismas.

Luisa Durán muerta con 52 puñaladas, Litzi Hurtado asesinada con un destornillador, Dayana Kenia Romero, estrangulada y asesinada, en su rockola. Catalina Parada víctima de tentativa de feminicidio, con 8 puñaladas, Katerine Villalobos golpeada, desfigurada, con la pérdida de un ojo, después de 3 días de reclamos, recién recibió la orden para un médico forense , fue atacada en la céntrica avenida Cañoto, Yenny Osinaga Flores, recientemente, macheteada en el Plan 3000, la policía de dicho distrito se negó a recepcionar la denuncia, Carla Suárez encontrada muerta en el municipio de San Carlos, hasta cuándo y cuántas mujeres trans tendrán que morir para que los derechos de las personas trans sean respetados plenamente.

En esta oportunidad, abrigadas por la Plataforma de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, exigimos el respeto a todos nuestros derechos, incluyendo el trato digno para acceder desde una vivienda sin dircriminaciones y/o estigmatizaciones de ninguna clase, un empleo digno y el acceso irrestricto al sistema de justicia en Santa Cruz y en el lugar donde nos encontremos.

Por lo tanto, declaramos,

• Continuar denunciando y develando la hipocresía del sistema heteronormativo, patriarcal, capitalista y colonial.
• Exigimos ejercer el derecho a la profesionalización, vale decir, el ingreso a las universidades.
• Exigimos un sistema integral de salud que nos brinde un trato digno como a cualquier persona poseedora de derechos.
• Exigimos que el Estado cumpla su rol de garante de nuestros derechos, instruyendo a la policía cumplir su mandato de cuidar la vida de las ciudadanas y ciudadanos de este departamento.
• Solicitamos oportunidades para la capacitación en derechos y leyes que nos protegen.

Es dado en la ciudad de Santa Cruz a los 20 día del mes de noviembre del 2020

Friman: 

“Población de Mujeres trans Santa Cruz”

"Por la Plataforma de Lucha contra la Violencia Hacia las MUjeres"

"Casa de la Mujer Bolivia"

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

ACLARACIÓN E INFORMACIÓN NECESARIA

A la luz de los últimos acontecimientos de pequeños grupos antidemocráticos, que una vez más amenazan a nuestra recién reconquistada Democracia, sentimos la obligación moral y académica de hacer conocer nuestra posición objetiva e imparcial, respecto a las elecciones realizadas el día domingo 18 de octubre, 2020, la Comunidad de Estudios JAINA, como parte de la Plataforma OBSERVA BOLIVIA, comprometida con la Democracia y los derechos humanos de las bolivianas y bolivianos, junto a la Casa de la Mujer de Santa Cruz,   se dirigen a la población Boliviana, Tarijeña y Cruceña, en particular, para informar los resultados de un trabajo transparente, imparcial, inspirado en la ética de los derechos civiles de la población nacional.

Las organizaciones sociales como la Casa de la Mujer y la Comunidad de Estudios JAINA y otras residentes en los 9 departamentos, buscando contribuir a recuperar la credibilidad de la población en los procesos electorales, en el marco de la Plataforma Observa Bolivia, convocamos a jóvenes mujeres, hombres y toda/o ciudadana/o que se sintió en la necesidad de participar en el ejercicio de veeduría social del proceso eleccionario, aportando con su trabajo voluntario a la profundización de la democracia, a través de acompañar el sufragio ciudadano, tarea que asumimos con responsabilidad y autenticidad en la información.

Informamos y aclaramos que la veeduría social, es una iniciativa ciudadana de observación electoral doméstica, cualitativa e independiente. Como actoras del desarrollo y defensoras de los derechos humanos, el 18 de octubre, 2020, durante la jornada electoral, en silencio y con absoluto respeto, fiscalizamos el desempeño de todas/os los actoras/es involucrados en la emisión del voto universal, directo y secreto, como instrumento de la democracia representativa (art.11, parágrafo II,2, CPE).

En la Jornada Electoral se pudo presenciar y observar normalidad tanto en la concurrencia, durante el sufragio, hasta llegar al cómputo final de votos, en el Departamento de Tarija, lo mismo que en el Departamento de Santa Cruz y por la información recibida de los otros hermanos Departamentos, por parte de nuestros pares observadoras/es, también, en todo el territorio nacional, se vivió una jornada de completa tranquilidad.

En consecuencia, sin tomar posición a favor o en contra de ninguna fuerza política, nos encontramos en la capacidad de afirmar que es imposible que hubiese existido irregularidades que empañen el proceso electoral y peor aún, que se hubiese dado algún hecho fraudulento.

En el afán de disipar y aclarar todas las dudas, como entidades responsables del ejercicio de acompañamiento y observación del proceso electoral, trabajo voluntario respaldado en la Ley del Régimen Electoral, artículos 253, 254 y 255, 256, referidos al acompañamiento electoral, su contribución a la transparencia, su alcance y el código de respeto y principios del acompañante, informamos que en cada mesa de sufragio, participaron delegados de distintas fuerzas políticas, delegados que al finalizar el cómputo, además de estampar sus firmas en las actas, en señal de conformidad de la correcta realización de las elecciones, se retiraron llevándose consigo una copia del acta original, documentos que por deber moral, esos delegados, deben exhibir ante la población para fortalecer la Democracia y los mecanismos que la sustentan.

También, se corroboró que tanto el Presidente de cada mesa, como el Notario de cada Recinto Electoral, recibieron sus respectivas copias del acta; estos hechos y elementos ocurridos, el domingo 18 de octubre, 2020, dan la certeza que en todo el territorio nacional, existen miles de pruebas que pueden desmontar las denuncias sin fundamento y sin pruebas (valga la redundancia), que pretenden irresponsablemente, no respetar la voluntad popular y los resultados legales y Constitucionales que de ella derivada.

Todas, todos y todes podemos y debemos aportar a la Democracia, a una verdadera y duradera pacificación de nuestra Patria.

3 de noviembre del 2020

Comunidad de Estudios JAINA                                               Casa de la Mujer

             Tarija                                                                                     Santa Cruz

SALGAMOS DEL ENCIERRO

16 de agosto del 2020

Miriam Suárez Vargas

Desde mi encierro debido a la pandemia, escucho una música que a ratos se acerca y aleja, me asomo a la ventana, es una banda, son músicos acompañados con sus familias, arrastran una carretilla para juntar las ayudas que la gente solidaria pueda brindarles, portan un recipiente en la mano, tocan las puertas, no imponen, solo piden ayuda para sobrevivir un día más. Por la tarde…, vuelvo a oír tambores, serán los mismos? parecen estar recorriendo la calle, es una tamborita, sus integrantes se ven cansados, no siempre la suerte y el buen tiempo acompañan. La escena es dramática, no siento la alegría que invita a bailar, me invade un sentimiento de pérdida, de tristeza, los músicos caminan las calles esperando la solidaridad hospitalaria de la vecindad, en tiempos del COVID.

Éste es mi país, mi pueblo, desigual, diverso, plural, controlado por castas golpistas quienes se disputan el poder político, lo necesitan para continuar “usufructuando” y vendiendo los recursos naturales de las, les y los bolivianos, a los golpistas no les importa la vida, la democracia es un escudo para cubrir sus fechorías y doblegar por la fuerza el espíritu libertario de los movimientos sociales, buscan completar su proyecto extractivista y represor ahogando las voces que condenan el golpe de Estado y su política de muerte.

Con la excusa de cuidar la salud, las autoridades que acompañan a la autoproclamada presidenta, lanzan a las calles sus fuerzas represoras, aquellos uniformados cuyos únicos antecedentes conocidos son tan funestos que siembran el miedo en la gente. Cualquier movimiento social, concentración y desobediencia es y será penalizada (criminalizada), vocifera un ministro, contrapuntea otro: “serán perseguidos los terroristas por atentado a la salud pública, los tenemos identificados, ¡a la cárcel por sedición!” ¿Desde cuándo el derecho a la protesta se califica de sedición?, ¿desde cuándo la represión acabó con las ansias de libertad?, las fuerzas de los movilizados es la fuerza que anima a los pueblos a caminar hacia la meta de vivir en libertad, cobijadas/os por un horizonte de igualdad que respeta las diversidades, sin pensarse o situarse una por encima de nadie.

En la soledad inaguantable del encierro, ante los episodios de odio, el terror institucionalizado y los latrocinios que se descubren a diario, decidí ser una movilizada más, con los recursos disponibles -que son pocos- me pienso, me veo y soy una activista que condena la cultura de la muerte, cerrándole las puertas a los patriarcas del oscurantismo, revestidos de blanco para ocultar sus verdaderos rostros, de desprecio al diferente, desenmascarando a las autoridades indolentes, que dictan medidas no pensadas para un país de tantas diversidades que cohabitan en este vasto territorio.

Argumentos tienen, robaron las palabras de los movimientos sociales para despistar al oyente. Sin embargo, según la procedencia de los movilizados, aplican selectivamente la crueldad, si son pobres, indígenas o rebeldes opositores al gobierno en transición: no tienen almas, carecen de espíritus, son salvajes, no hay consideración alguna para ellos/as; si son jóvenes urbanos, blancos, con economías solventes, movilizados para que la transición perdure por largo tiempo, son demócratas; aunque promuevan en las calles el racismo y la criminalidad, cometiendo las peores humillaciones contra las mujeres, los indígenas, los pobres, las/os desempleadas/os movilizados en defensa de sus derechos.

Ni la pandemia del COVID-19, ni los discursos amenazadores de los golpistas en contubernio con la Unión Juvenil Cruceñista y la mal llamada Resistencia Juvenil Cochala, lograrán quebrantar el espíritu combatiente de los movimientos sociales.

¡!Basta!! salgamos del encierro, vamos a fortalecer la esperanza de nuestros pueblos, unidos contra cualquier intento de retroceso a la vieja república indiferente a las naciones y diversidades que cohabitan en este territorio Plurinacional.

Condenamos la violencia venga de donde venga!!!

La Organización Indígena Paikoneka de San Javier (CIP-SJ) y la Organización de Mujeres Indígenas Paikonekas (OMIP-SJ) junto a sus 60 comunidades afiliadas, se declaran en estado de emergencia y alerta permanente debido a la amenaza del alcalde de San Javier, Armando Barbery Landivar, quien en una actitud de abuso de autoridad y en franca muestra de discriminación a las comunidades indígenas del municipio, pretende asaltar una propiedad de los Paikonekas: el Centro Pre-natal para las Comunidades Indígenas de San Javier, construido con fondos de la UPRE, durante la gestión del anterior gobierno. La autoridad municipal, pretextando contribuir al combate del COVID-19, decidió tomar de manera inconsulta el Centro Pre-natal y convertirlo en un hospital para enfermos del COVID 19 portando unos títulos de propiedad municipal del terreno, papeles que se sobreponen a los títulos de propiedad de los indígenas, con ello la autoridad atropella los derechos legales reconocidos por la institucionalidad vigente y amparados en la CPE. Esta actitud demuestra una violación flagrante a las leyes que rigen su propio desempeño como autoridad municipal y una total falta de respeto a la dignidad de las comunidades Paikonekas. Las mujeres de las comunidades de San Javier y sus organizaciones lanzan un grito desesperado a la solidaridad con los pueblos y particularmente con las mujeres indígenas, para que sea escuchado en Bolivia y el mundo, impidiendo este asalto que desconoce los derechos de los pueblos indígenas, viola el Convenio 169 de la OIT y atenta contra la vida de las mujeres quienes con barriga a cuestas y otro pequeño tomado de la mano, caminan largas horas desde sus comunidades para llegar al pueblo donde se encuentra el ginecólogo, quien muchas veces, le dice “regrese mañana” cosa imposible para ellas, debido a las largas distancias, la precariedad que les restringe la posibilidad de pagar dos veces el transporte y la realidad de estar solas en sus casas. Cabe recordar que la Central Indígena Paikoneka, muchas veces sufrió amenazas de toma por parte de los poderes locales, llegando incluso hacer incendiadas sus instalaciones como una forma de escarnio para quienes levantaron cabeza luchando por su territorio y para doblegar la resistencia de las comunidades indígenas, ante la negación de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales; ahora don Armando Barbery Landivar, encontró el argumento deseado: combatir el coronavirus en la casa de los indígenas y su Centro Pre-natral. El tema es sensible, nadie puede oponerse a un intención de defensa de la vida en contexto de pandemia, pero cabe preguntarnos: qué de la vida de las mujeres indígenas, qué de los nuevos indígenas que vendrán a fortalecer la cultura; cultura que por cierto se vende como folclor por parte de las mismas autoridades que se ufanan de un patrimonio cultural ajeno. El Centro Pre-natal es un lugar de acogida, descanso y espera del momento del alumbramiento, más que una propiedad, el centro constituye una conquista de los derechos reproductivos de las mujeres y los pueblos indígenas al cual pertenecen. Si el afán de esta autoridad por defender la vida es legítimo, ¿por qué construir nuevos ambientes y alargar el tratamiento de quienes padecen el COVID-19, por qué no acondicionar los ambientes de la Sede de los Ganaderos? ¿Por qué echar mano de lo poco que tienen los indígenas? La Plataforma de Derechos Humanos de Santa Cruz, Bolivia condena estas actitudes y hace un llamado a todas las fuerzas y movimientos sociales defensores de los derechos humanos, a cerrar filas y condenar el asalto a la propiedad de las comunidades indígenas Paikonekas, las conquistas son derechos que no se pierden en periodos de transición, ni con el cambio de un gobierno. Condenamos la violencia criminal con la cual se atacó a las mujeres quienes hacían vigilia cuidando su Centro Pre-natal. BASTA DE AUTORITARISMO Y DISCRIMINACIÓN RECHAZAMOS LAS ACTITUDES COLONIALISTAS DE LA AUTORIDAD EDIL DE SAN JAVIER ANTE EL ASALTO Y LAS AMENAZAS, NO RETROCEDER

Santa Cruz de la Sierra 26 de mayo 2020

¿Cuál es la línea que separa el autoritarismo del delito?

Al parecer la policía la desconoce, el día de ayer una simple confusión de un distribuidor de comida puerta a puerta (delivery), quien asustado ante los ladridos de una mascota que ocasionalmente salió de su vivienda, ubicada en la zona La Colorada, barrio 26 de abril, calle Viva Santa Cruz; llamó a la policía al ver al propietario de la mascota salir con una cadena en su mano. Los uniformados se presentaron inmediatamente en el lugar, disparando toda su prepotencia: golpearon con su laque al propietario de la mascota; golpes observados por su hijo quien sale en defensa de su padre.

Ante la reacción del hijo, la policía respondió con una violencia propia de quienes se creen “dueños” de la ciudad, insultó al joven con una serie de descalificativos, insistiéndole que salga a la calle, enseguida intervino la madre en su defensa y la policía vociferó contra la señora, acosándola para que ella también saliera a la calle, obviamente el propósito era cargarse a la señora, al hijo y a toda la familia, privándoles de su libertad, como forma de disciplinamiento para que no reclamen sus derechos.

Policías, ciertamente estamos en tiempos de cuarentena pero eso no significa silenciamiento, tampoco les da el derecho a acallar y golpear a la gente. Las, los, les ciudadanxs tienen el legítimo derecho a la réplica y a la defensa, por su parte, ustedes están obligados a cumplir y defender la CPE, así como la propia Ley Orgánica de la Policía.

La CPE en su Art. 252 señala que, la Policía tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, no delibera, ni participa en acción política partidaria. Así mismo, la Ley Orgánica de la Policía establece como su MISIÓN fundamental, la defensa de la sociedad y la garantía del cumplimiento de las leyes para hacer posible que las y los habitantes y la sociedad se desarrollen a plenitud, en un clima de paz y tranquilidad. Sin embargo, sus acciones dicen todo lo contrario, es sabido y visto que donde llegan, amedrentan, insultan, impiden la expresión libre, criminalizan la protesta y detienen a las personas. Una autoridad impuesta mediante la fuerza.

Cuando el servicio policial transgrede los límites del deber y se convierte en autoritarismo, deja de ser una prevención a la violencia para ser en sí mismo una violencia, que vulnera los derechos y garantías constitucionales de las personas. Lo sucedido con nuestro compañero y su familia es una muestra de agresividad antes que, de protección y seguridad ciudadana.

Nosotras que conocemos la negligencia policial cuando una mujer en situación de violencia les pide auxilio y nunca llegan, no nos cansaremos de hacer una vigilancia ciudadana comprometida con los derechos y denunciaremos cada acto violatorio a la CPE, a los derechos humanos y a las leyes que los protegen, seguiremos exigiendo una institución policial transparente, que brinde servicios oportunos, imparciales y de calidad.

Expresamos nuestra solidaridad con nuestro compañero jóven de 20 años de edad, activista por los derechos humanos de la poblacion de las diversidades sexuales y genéricas, Denilson y su familia.

Mayo - 2020

Casa de la Mujer

Ayunar con hambre

El último mandato de la presidenta interina: “ayunar y orar con fe para vencer la pandemia”, el pedido de la presidenta nos remonta a tiempos medievales cuando el argumento de la salvación divina era la oración, mientras se castigaba a las supuestas pecadoras, buscando evitar cualquier “contagio”, se las persiguió, se las humilló, se las torturó y se las quemó. Miles de mujeres (brujas) en aquel entonces, tuvieron el coraje de denunciar el hambre que sentían sus hijos, la explotación y los excesivos tributos que pagaban a la aristocracia y los gobernantes de turno; sépase que la hoguera nos privó de sus sabidurías, de los conocimiento naturales de la medicina, entre otras cosas valiosas.

El pedido de la presidenta se hace después, de más de 40 días del encierro sanitario, que tiene a las familias entre súplicas y reclamos para compartir un pan entre los suyos. Hace pocos días, una niña se suicidó por hambre en Montero, me pregunto: cuál será el dolor que siente una madre al ver inmolarse a una hija, quien sentía estrujones en su barriguita porque llevaba días sin comer.

Este fin de semana, se vio en Roboré a la hija de la presidenta, Carolina Ribera Añez, llegando en un avión de la Fuerza Aérea Boliviana a descansar y des-estresarse en las Aguas Calientes de ese municipio, cuántas veces habrá ayunado Carolina, cuántas veces habrá sentido hambre, habrá tenido pan para llevar a la boca y distraer su barriga. Total, la gente anoticiada del aterrizaje del avión de la FAB, pensando en ayudas que llegaban desde el gobierno, se aproximó al hotel donde descansaba, sin conseguir una honrada respuesta. Cómo explicará doña Jeanine el uso de un avión oficial para un viaje de placer, será que el ministro Murillo caerá con el mismo rigor de ley que aplica a las mujeres de las ollas vacías o a quienes se animan hacer pública y manifestar su hambre? Tenemos en la memoria sus medidas draconianas contra la población de Riberalta.

Señora presidenta transitoria, deje de fingir, sus pedidos de oración sólo nos recuerdan tiempos inquisitoriales, curas con la cruz y la espada que ayudaron a someter y desplazar a los verdaderos dueños de este territorio. La gente no necesita ayunar, es comer lo que necesita y usted tiene la obligación de garantizarles el derecho elemental al alimento y en consecuencia, el derecho a la vida.

Quien escribe estas líneas trabaja en Casa de la Mujer y le cuento que allí llegan mujeres con hijos/as que no saben cómo alimentarlos, también llegan pedidos de auxilio inmediato porque las madres se niegan a ver morir a sus hijos/as sin que ellas hagan algo, podría usted ayunar y orar tranquilamente, ignorando el hambre de sus hijos, no mienta, si usted es madre lo sabe tan bien como yo.

Otro dato que parece Usted desconocer, es que en este país de diversidades, la indocumentación es una expresión de la pobreza, vivir en los márgenes de los pueblos o en la periferia urbana es otra cara de la pobreza, mientras usted saca a las calles a sus militares que nunca supieron cuál es su rol, quienes viven en esos márgenes son apresadas/os como delincuentes cuando caminan creyendo ser merecedores de sus bonos. Tanta confusión con unas medidas poco efectivas y discriminatorias que no entienden que este Estado es Plurinacional y Laico

Con tal razón, Casa de la Mujer con pequeños esfuerzos, distribuyó alimentos a las Promotoras Comunitarias y a las mujeres quienes cumplen el rol de madre y padre de sus hijas/os y no lo hace para sustituir su labor, tampoco con un sentido asistencialista, es un acto de rabiosa solidaridad ante el dolor y la ausencia de un Estado que cada día nos miente más, desde las noticias hasta la jornada de ayuno que Usted y sus hijos no cumplirán.

Miriam Suarez Vargas

27 de abril 2020