En el año 2018, las mujeres experimentaron un resurgimiento de sus causas y luchas en defensa de sus derechos; si bien la abrogación del anteproyecto del Código Penal fue un duro golpe contra la demanda histórica feminista de ejercer sus derechos sexuales, sin más límites que sus propias decisiones sobre el cuerpo, primer territorio donde las mujeres debaten la autonomía sin más voluntad y permiso que el derecho a la autodeterminación.

Las feministas, activistas y defensoras de los derechos de las mujeres se fortalecieron en sus organizaciones y redes, entendieron que cada vez que avanzan, el patriarcado recrudece sus reacciones y redobla sus mecanismos de control para que nada cambie. Sin embargo ya nada podrá detener el avance de las mujeres a mejores condiciones de vida, cada día, ellas y sus organizaciones asumen la tarea de no callar y continuar sus caminos en contra de las fuerzas conservadoras que amenazan con arrebatarles sus derechos conquistados.

Parte de este diagnóstico es la ruptura del silencio que hacen las mujeres quienes vivieron en situaciones de violencia y hoy denuncian a sus agresores, toman las calles exigiendo una administración de la justicia, imparcial y transparente, exenta de sesgos de género, en el marco de la debida diligencia que no solo representa y defiende a las víctimas, sino que aboga por la restitución de sus derechos.

Las cifras de la violencia siguen avergonzando al Estado Plurinacional y a los administradores de la justicia; una investigación realizada en dos ciudades: El Alto y Santa Cruz de la Sierra por el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, da cuenta que de cada 100 mujeres, 75 reconocen haber vivido situaciones de violencia machista, cantidad de mujeres que se incrementa a 87, cuando el dato refiere a mujeres divorciadas, solteras, viudas o abandonadas. La misma investigación indica que de ese universo de mujeres agredidas, un 67 % denunció a su agresor, de las cuales un 35 %, obtuvo algún tipo de sentencia, mientras que un 56,4 % está sin sentencia.

Desde el 9 de Marzo del 2013, fecha de promulgación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Digna de Violencia, Ley 348, hasta diciembre del 2018, se cometieron alrededor de 555 feminicidios y Santa Cruz es un departamento que se encuentra entre los primeros, en índices de violencia y feminicidios.

La crueldad aplicada a los cuerpos femeninos como una orden del mandato masculino se puso en evidencia a través de una arremetida de los grupos anti-derechos, los cuales pretenden llevarnos a los tiempos remotos del pecado de “Adán y Eva” como la explicación más lógica de los roles tradicionales que debemos seguir no solo cumpliendo, sino perpetuándolos como la panacea contra los males del avance tecnológico y del mal llamado progreso.

La lucha por el derecho al aborto no es un capricho, es una respuesta a las mujeres quienes pierden la vida por someterse a abortos inseguros, donde se les niega el derecho universal a la salud. Los datos son irrefutables, según el IPAS se practican entre 40 a 60 mil abortos al año, siendo éste, la tercera causa de la muerte materna en el país. Por lo tanto el aborto es un tema de justicia social, de salud pública y es un tema de discriminación por el simple hecho de ser mujer.

La violencia machista y en razón de género es un tema estructural en Bolivia, el cual exige la intervención del Estado para su prevención y erradicación. Como expuesto en el Plan Estratégico Institucional de ONU Mujer, “el acceso a una justicia oportuna, transparente, efectiva, imparcial y no selectiva sigue siendo un desafío grave en la región, es especial para las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Las fallas en los sistemas judiciales de los países de la región incluye no solamente la falta de acceso a la justicia sino, además, la ausencia de independencia judicial y del Ministerio Público y otras debilidades, como la politización del Sistema de Justicia, las fallas en la accesibilidad y NO discriminación; la falta de información, transparencia y rendición de cuentas, las impunidades”.

Sin embargo, y para beneficio de las mujeres, hoy ocupan mayores espacios públicos, existen pequeños y medianos emprendimientos empresariales conducidos acertadamente por mujeres quienes se plantean el empoderamiento económico, como medio para alcanzar su independencia. Las jóvenes universitarias compiten con los jóvenes en carreras que tradicionalmente fueron consideradas de exclusividad masculina.

El aborto como derecho de las mujeres se lo debate públicamente, las diversidades sexuales hablan de sus derechos y de su dignidad para exigir justicia y el fin de la exclusión y la opresión; los derechos sexuales son un tema de debates y de reflexión constante y la lucha de la población LGTBQ se unió a las causas y luchas de las mujeres y feministas que propician los cambios necesarios para una vida con más empatía y respeto con la otredad.

Aunque no todo es avance, las leyes que se han promulgado y están para proteger los derechos de las mujeres y prevenir, atender y defender jurídicamente a las sobrevivientes de la violencia, no se cumplen, el Estado no dispone de presupuestos sensibles y comprometidos con la erradicación de la violencia y el respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y poblaciones con identidades genéricas diversas a la heterosexual.

Cada vez que las mujeres avanzan, surge una arremetida contra sus derechos y un afán por reposicionar los temas tradicionales que mantienen a las mujeres sujetas al espacio doméstico y privado del hogar; se vuelve a ensalzar a la familia como el bien mayor a defender, sin considerar que es en el seno familiar donde ocurren las mayores violaciones a los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes; las iglesias sin empacho salen a defender a las familias tradicionales, rechazando cualquier otro intento de construcción familiar, a partir de las nuevas formas de quererse, respetarse y consolidar un grupo de familia que no necesariamente concuerda con la figura de papá, mamá e hijos.

La igualdad jurídica y de oportunidades entre mujeres y hombres, con sus luces y sombras avanza hacia la construcción de una sociedad democrática con plena participación de las mujeres y todas las diversidades que fueron mantenidas al margen de cualquier ejercicio de poder y/o definiciones políticas que luego afectan a toda la comunidad y el país. El camino de ese avance está lleno de obstáculos, aunque se reconoce que en la medida que las mujeres avanzan hacia el ejercicio pleno de sus derechos, los hombres también se benefician y dejan de ser los únicos proveedores de recursos para sus familias.