El pasado 30 de julio de 2018 fue el "Día Mundial contra la Trata de Personas”, en Santa Cruz de la Sierra familiares de víctimas y organizaciones que trabajan por los Derechos Humanos salieron a las calles para denunciar la lentitud institucional en la búsqueda de las personas desaparecidas, que en su mayoría son adolescentes y jóvenes. Sus familiares no abandonan la idea de encontrarlas y exigen la intervención de los gobiernos para esclarecer lo que sucede alrededor de este crimen.

Las víctimas de este delito son secuestradas y llevadas a lugares lejanos de sus familias para ser introducidas en las redes de trata y tráfico. Los prejuicios y estereotipos culturales minimizan la gravedad de la situación; no existen los mecanismos efectivos para la investigación y seguimiento lo cual deja a las víctimas en la total desprotección.

En Bolivia entre 2012 y 2016 hubo 2 mil 591 denuncias por los delitos de esta naturaleza. De ellas el Órgano Judicial emitió 44 sentencias con privación de libertad contra los acusados; cada día se reportan tres personas desaparecidas (Página 7), la escasa información y las deficiencias institucionales y la ausencia material de instrumentos de investigación y seguimiento hacen que los familiares deambulen angustiados de oficina en oficina cargando un dolor que es y no es un duelo, puesto que no saben si sus seres queridos están vivos o muertos.

La Organización de Familiares de Personas Desaparecidas en Santa Cruz manifiestan:

Ante la lentitud y el conformismo institucional exigimos que las leyes bolivianas incluyan la desaparición como un delito y no esperar a que la tipificación penal sea la desaparición forzada.

Esperar 48 horas o más para poder asentar una denuncia es completamente ilegal y viola los derechos constitucionales de acceso directo y pronto a la justicia, solo produce la desprotección y desamparo a las víctimas, por lo que exigimos celeridad en los casos de trata y desaparición de personas.